La
Constitución Española en el artículo 149.1.29 reserva la competencia exclusiva sobre seguridad pública al Estado, mientras que en el artículo 148.1.22 atribuye a las comunidades autónomas la competencia sobre la coordinación y el resto de facultades en relación con las policías locales.
Por su parte, el artículo 30.19 del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears reserva a la comunidad autónoma de las Illes Balears la coordinación y el resto de facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica.
La
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, regula, entre otras cuestiones, diversos aspectos fundamentales relativos a la organización y a las funciones de las policías locales, que constituyen el marco de actuación de la comunidad autónoma en esta materia.
En cumplimiento de la reserva constitucional citada anteriormente, la comunidad autónoma de las Illes Balears dictó la
Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, que ha sido objeto de desarrollo normativo a través del reciente
Decreto 67/2007, de 7 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento marco de medidas urgentes de las policías locales de las Illes Balears.
El artículo 8 de la citada Ley 6/2005, de 3 de junio, regula la figura del policía turístico (o policía auxiliar turístico), que constituye, sin duda, una innovación en el panorama legislativo estatal y autonómico ya que ha permitido llevar a cabo una actuación especializada en los municipios que incrementen estacionalmente su población flotante debido al turismo.
El apartado cuarto de este artículo 8 establece que los policías turísticos y los policías auxiliares turísticos pertenecerán al mismo grupo que los policías municipales y los policías auxiliares y, por lo tanto, la titulación exigida para poder ejercer las funciones correspondientes a estas plazas será el de bachillerato (policía turístico) o graduado en educación secundaria obligatoria (policía auxiliar turístico).
Como consecuencia de la falta de policías turísticos existentes actualmente, especialmente en las Islas de Menorca e Ibiza, situación que se acentúa en la época preestival en la que nos encontramos con una previsión de gran afluencia de gente a las Islas, hace necesario la aprobación de la presente disposición transitoria que pretende solucionar esta situación.