Versiones de vigencia

BOE 

26 Junio

8459/2008

ANEXO

Convenio de colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y el Ministerio del Interior en materia de Educación en centros penitenciarios

Y de otra, don Alfredo Pérez Rubalcaba, en su calidad de Ministro del Interior, por Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, BOE n.º 90 de 14 de abril de 2008, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de acuerdo con la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto

Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de la finalidad de reeducación y reinserción social de los penados que la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, de 26 de septiembre, atribuyen a las penas privativas de libertad, tiene encomendada la labor de formación de los internos, así como cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la personalidad de los internos en Centros Penitenciarios.

Que el Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, contempla, entre otros aspectos, la integración en el Cuerpo de Maestros de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias, estableciéndose en esta Disposición que mediante acuerdos de las Comisiones Mixtas de traspaso de funciones y servicios, los funcionarios que se integran en el Cuerpo de Maestros pasarán a depender de la Administración Educativa en cuyo ámbito territorial se halle situado el Establecimiento Penitenciario en el que presten servicio.

Que por Real Decreto 1203/1999, de 3 de julio, se produce tal integración y se establecen las normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios.

Que en virtud del Real Decreto anterior, con fecha 2 de febrero de 2001, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 9/2001, de 12 de enero, sobre traspaso de Profesores de educación general básica de instituciones penitenciarias a la Comunidad de Castilla y León en ampliación del traspaso efectuado por el Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, en materia de enseñanza no universitaria.

Que, con independencia de lo anterior, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en el Capítulo IX del Título I, referido a la educación de las personas adultas, establece, en su artículo 66.2, la posibilidad de colaboración entre las Administración Educativa y otras Administraciones públicas con competencias en formación de adultos y, en su artículo 67.6, garantiza a la población reclusa en los establecimientos penitenciarios el acceso a las enseñanzas para las personas adultas. A su vez el citado Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, dedica especialmente el Capítulo II a las normas de funcionamiento de las unidades educativas de enseñanza de los establecimientos penitenciarios, y entre los aspectos contemplados figura el de la necesaria coordinación entre las Administraciones educativa y penitenciaria. A este respecto se especifica, en su artículo 11, que «La Administración penitenciaria y cada una de las Administraciones educativas competentes establecerán los necesarios mecanismos de coordinación y seguimiento de la educación en los Centros Penitenciarios, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo en las condiciones adecuadas», y que «... a fin de garantizar la coordinación entre los responsables de las Administraciones educativas competentes y la Administración penitenciaria en el ámbito de cada establecimiento penitenciario se constituirá un órgano permanente de coordinación y seguimiento integrado por cuatro miembros, dos designados por la Administración educativa correspondiente y dos por el Director del centro».

Que ambas partes, en sus respectivos ámbitos competenciales, consideran conveniente colaborar activamente en aras a la consecución de los objetivos reseñados y, en consecuencia, suscribir un convenio de colaboración con arreglo a las siguientes

Cláusulas

El presente convenio tiene por objeto regular los mecanismos de coordinación y seguimiento de la educación en los centros penitenciarios, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo en las condiciones adecuadas, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, por el que se integran en el Cuerpo de Maestros a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios.

Las líneas de colaboración se desarrollarán a través de Programas de Formación, que se realizarán en los Centros de Educación de Personas Adultas ubicados en cada uno de los Centros Penitenciarios de Castilla y León, con el objeto de facilitar la rehabilitación social de los internos respondiendo a las necesidades detectadas entre la población reclusa en las respectivas ciudades en relación con la carencia de una formación general de base o de una primera formación profesional que les dificulte su reinserción sociolaboral.
Teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los citados colectivos y la necesidad de adaptar los procesos formativos al contexto en el que se desarrollan las enseñanzas, podrán ofertar las siguientes modalidades de formación:

Se constituirá una Comisión Mixta de seguimiento, evaluación y resolución de dudas y controversias que pudieran producirse en la ejecución del convenio, integrada por dos representantes de la Administración penitenciaria, tres representantes de la Comunidad Autónoma y un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León nombrado por el Delegado del Gobierno, que se reunirá al menos dos veces al año, al inicio y a la finalización del curso académico, y siempre que cualquiera de las partes lo estime conveniente. Dicha Comisión tendrá como funciones básicas las establecidas en el artículo 11.2 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, y de manera específica las siguientes:

Este convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008. No obstante se entenderá prorrogado tácitamente por años naturales si no media denuncia expresa de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento.